Damnificadas del huracán Melissa y familias desplazadas del oriente cubano sobreviven entre los escombros del antiguo colegio, bajo amenaza permanente de desalojo y de perder a sus hijos

La Habana. En la primera entrega de este reportaje recorrimos la historia del antiguo Colegio de La Salle del Vedado: de plantel emblemático de la República a ruina abandonada por el Estado. Esta segunda parte se ocupa de quienes hoy lo habitan. Son, en su mayoría, mujeres jóvenes con hijos pequeños. Vienen del oriente cubano. Llegaron sin nada. Y aseguran que no tienen a dónde volver.

“Perdimos vida, perdimos la casa”

Rodríguez Tamayo tiene 26 años y dos niños, uno de tres y otro de seis. Vivía en Grama, municipio de Río Cauto, en Granma, hasta que el ciclón Melissa arrasó con todo lo que tenía. Desde diciembre del año pasado vive en este edificio en ruinas junto a su madre, su padre y su hermano.

“Yo vine a vivir para acá para La Habana porque fui damnificada por el ciclón Melissa, cuando lo perdí todo”, relata. “Perdimos vida, perdimos la casa. Vine también para darle vida a mis hijos, porque son pequeñitos”.

Su descripción de la vida en el oriente es desoladora: “La corriente la ponen una o dos horas. Es lo que más la ponen, y la quitan 24 hasta 72 horas. No hay comida”.

Una escuela abandonada convertida en refugio

Los testimonios coinciden en un punto: nadie forzó nada. Cuando llegaron, el edificio —que algunos creyeron que fue convento de monjas y otros sabían que había sido escuela— estaba abandonado, sin puertas, sin ventanas, lleno de escombros y filtraciones.

Taimi Castigue Garza, de 28 años, lleva cuatro años en La Habana “de alquiler en alquiler”. Es originaria de Santiago de Cuba. “Este local me dijeron que era una escuela. Primero me dijeron que era de monjas y después me dijeron que era una escuela. El gobierno no tiene para darnos casa”, afirma.

Kelly, habanera de 30 años con una niña de siete, llegó por el comentario de una amiga. “Ella me dijo que este lugar existía y vine, vi, y me metí aquí”. Asegura haber intentado, junto con el resto de las familias, legalizar su situación. Nunca recibieron respuesta.

Eglidi, natural de Guantánamo, llegó embarazada y trajo a su hija recién nacida del hospital directamente al inmueble. Estudió Geodesia y Cartografía y hoy trabaja en una peluquería de La Habana Vieja para sostener a su familia. “Yo sabía que esto era una escuela. Sabía también que estaba abandonada. Lo que no sabía era que ya había personas viviendo aquí”, cuenta. “Gracias a nosotros, que nos metimos aquí, fue que esto se limpió”.

“Nos amenazaron con quitarnos a los niños”

Lo que más se repite en los testimonios no es la queja por las condiciones —techos que filtran, ausencia de servicios, hacinamiento— sino el miedo a las visitas oficiales. Varias familias relatan que un fiscal y un mayor de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llegaron al lugar para advertirles que serían desalojadas y que sus hijos serían enviados a casas de amparo filial mientras los adultos cumplían sanción por “haberse metido a la fuerza”.

“Nos amenazaron con que si nosotros no salíamos de aquí, nos iban a quitar a los niños y nos iban a meter presos”, relata Kelly. “Y a los niños los iban a poner en una casa de amparo filial hasta que cumpliéramos la sanción”.

Adriana Lago Figueredo, de 62 años, vino del municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, hace tres años. Recuerda con dureza el encuentro con el fiscal: “Me dijo que si no salíamos de aquí, iba a venir con tropas especiales, con la policía, con la gente del gobierno. También nos amenazó con quitarnos a los niños. Yo le dije que él no era quién para quitármelos. Por encima de mi cadáver me los podían quitar”.

Una niña con parálisis cerebral entre las ruinas

Joandra Martínez Alcolea, también de Río Cauto, llegó a este lugar buscando refugio porque su hija padece parálisis cerebral infantil y necesita tratamiento médico en La Habana. Su voz tiembla cuando habla de la indolencia oficial.

“Nosotros no tenemos nada en contra de la revolución ni de nada. Lo único que queremos es que entiendan nuestra situación, que no tenemos dónde vivir”, dice. “Cuando entramos no tuvimos que forzar ninguna puerta porque aquí no había puertas. Tuvimos que hacer los arreglos, poner puerta, poner techo. Esto es un lugar que está en malas condiciones, se filtra por donde quiera, está malísimo”.

Joandra ha recorrido la ciudad buscando alternativas: “Me metí hasta Tarará porque vi un documental. Hay lugares abandonados por el Estado que se están cayendo. Se lo dije al fiscal del Supremo. ¿Por qué, si mi niña fue afectada en un salón de parto y necesita atención médica, no pueden facilitarle una vivienda a una familia? Un lugar deshabitado, vienen a hacerle fuerza a las personas para que salgan”.

Resistir entre la fe y el miedo

Reinaldo Durán Borges llegó desde Baracoa en el año 2000. Vio que “todo el mundo estaba cogiendo” y se quedó. “Esto era una placa sola y he hecho todo esto hasta el momento”, dice señalando las paredes que él mismo levantó.

Algunos vecinos, conscientes de su situación irregular, lo asumen sin rodeos: “Aquí nosotros sabemos que estamos en ilegal porque nos apropiamos de unas cosas que son del Estado. Pero, bueno, como está la situación en el país… Aquí todos somos, como quien dice, revolucionarios. Si hay que defender esta patria, vamos a estar al frente”.

Mientras tanto, todos trabajan. Y todos esperan. “Han venido varias veces a ver si nos sacan. Pero, bueno, estamos luchando a ver qué pasa, hasta que Dios y la Virgen quieran, porque la verdad es que el pueblo está duro”.

Lo que está en juego

Más allá de la disputa legal, lo que se decide hoy en el antiguo Colegio de La Salle es de orden humanitario. Hay niños menores de tres años durmiendo bajo techos que filtran. Hay una niña con parálisis cerebral que recibe tratamiento médico en La Habana porque su madre no tuvo otra opción que migrar. Hay madres solteras, jóvenes, recién paridas, que no tienen adónde regresar.

La paradoja es brutal. El Estado, que durante décadas dejó el edificio caer en ruinas, hoy reclama su propiedad para sacar a las familias que lo habitan. No se ha anunciado ningún plan para reubicarlas, ni para entregarles otra vivienda, ni para reconocer su condición de damnificadas. La amenaza de desalojo no viene acompañada de una alternativa.

“Yo no me voy a ir de aquí, a menos que me den una casa”, dijo una de las entrevistadas. “La situación obliga, es la necesidad que ahora mismo se está viviendo en el país”. La frase, dicha entre paredes que un día fueron el orgullo educativo de La Habana, condensa el dilema actual: el de un Estado que ya no protege ni los edificios ni a quienes ya no tienen techo.